La finalidad en el uso de estos dispositivos es grabar las intervenciones policiales, situaciones de riesgo de los agentes y sobre todo, garantizar la seguridad jurídica de los policías ante aquellos ciudadanos que pretendan imputarnos falsamente acciones dolosas.
La Administración ha comprado 150 cámaras policiales que se hanentregado estos últimos días a diferentes unidades de la Guardia Urbana.
Nos parecen, no solo insuficientes, sino que supone como es habitual una manera de justificarse con un material que cuantitativamente es prácticamente irrisorio y por ello exigimos a la Jefatura que busque presupuesto para volver a licitar la compra de 2.500 dispositivos para el año 2023, porque este dispositivo solamente resulta eficaz cuando lo porta cada uno de los componentes policiales que se encuentren de servicio operativo.
Seguiremos insistiendo en la necesidad de comprar Dispositivos de Grabación Personal con audio como dotación individual, para cada policía de toda la plantilla en servicio operativo en funciones en la vía pública, puesto que son imprescindibles para garantizar nuestra seguridad jurídica.